Señor o Señora periodista, Sr. Director o Sra. Directora de medio de comunicación:

¿Ha dado usted gran cobertura a la imposición del euro por receta, un escándalo? Magnífico. ¿Qué cobertura daría usted a que se exigieran 20.000€ por un tratar una tetraplejia a todos los que ganen, en el conjunto de su unidad familiar, más de 1.100€/mes, sean cuales sean sus gastos y sus cargas familiares? ¿Noticia de portada? Claro. ¿Y que cobertura daría si, además, no hubiera médicos privados, ni aun pagando el que pudiera? ¿Gran titular, escándalo nacional? Pues de eso exactamente estamos hablando cuando hablamos de tasa judiciales: de miles de euros para pagar, sin alternativa, que la Justicia es monopolio del Estado, y su esencia. Y usted, Sr., Sra., no ha dado cobertura alguna.

Empiezo con un caso real que lleva ahora mismo un abogado de Ourense:   el de un tetrapléjico por accidente de tráfico que pide indemnización. Lo adelanto, y si quiere, no siga leyendo: 19.550 euros de tasa judicial. DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS para poder  ejercer el derecho constitucional a defenderse en los tribunales, un derecho que es un pilar del Estado de Derecho, que diferencia el Estado de Derecho de la ley de la selva, que garantiza que el más débil tenga una oportunidad, que está en la Constitución y en los convenios internacionales para impedir la arbitraridad del más poderoso y del Estado. Sí, el famoso caso de tetrapléjico, que verá usted por internet. Si le parece banal, sin interés periodístico esto, no siga leyendo; se lo debió parecer a muchos medios, a los cuales nos hemos dirigido todo tipo de operadores jurídicos, en muchas ocasiones, cuando todavía estábamos a tiempo de parar la ley, y para nuestra estupefacción seguía sin tener eco  en los medios, pese a los repetidos intentos de muchos de difundirlo. Y hoy, consumado el atropello, siguen sin darle a la noticia la cobertura que la suma gravedad sin precedentes del tema merece. Un euro por receta, portada y seguimiento, qué barbaridad; 20.000€ una tetraplejia, inexistente.

Es un ejemplo real, que puede usted encontrar aquí, detallado, calculadora en mano, con las concretas y espeluznantes circunstancias personales: ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y multiples lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico; entre lesiones, secuelas, invalidez, ayuda de tercera persona, etc. importe de la reclamación a las compañías aseguradoras del vehículo en el que viajaba y del tercer implicado, reclama 1.300.000 €.  Total para las tres instancias: 19.550 €. REPITO: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS. Hoy la tasa sería: cero.

Y aquí se da la palabra al abogado de Ourense que lleva el tema, porque no se puede decir más claro. “En casos como éste, una vez que entre en vigor la ley de tasas ¿qué vamos a hacer?  ¿Dejar de demandar y matar definitivamente en vida a víctimas como esta? ¿Demandar por la décima parte de lo que señala el baremo para así pagar una tasa “asequible”? ¿Tragar por la miseria que ofrezca una compañía y que no llegue ni para cubrir un año los gastos de asistencia del perjudicado? ¿Organizar una colecta especial a través de las redes sociales para conseguir el dinero necesario para que gente como ésta puedar pagar la tasa judicial que les permita demandar, como cuando se recauda dinero para conseguir un tratamiento especial en Houston, al fin y al cabo, en ambos casos se trata de salvar una vida?”.

He dicho que no se puede decir más claro. Pues debe de ser que estábamos equivocados; no debe de ser suficientemente claro, porque los medios no lo han recogido, pese a los esfuerzos esfuerzos de muchos, y la ciudadanía no se ha enterado. Ni siquiera al día siguiente de aprobación de la ley, una ley tachada de inconstitucionalidad masivamente y que cambiará la realidad social española, dejando fuera de la defensa de sus derechos a la gran masa de clase media, han recogido nada los periódicos, salvo alguna excepción; nadie se ha enterado, y usted no lo ha dicho, que la oposición se levantó el bloque en protesta, y abandonó el Congreso, algo sin precedentes. No ha habido un editorial, un reportaje, una portada. Hable usted con un taxista; no sabe cómo le afecta, y eso que corre el riesgo profesional de accidentes de tráfico y está todo el día oyendo la radio. Hable usted un expropiado; no sabe que no podrá ya demandar una indemnización justa. Hable usted con un estafado por las preferentes; tampoco. Tampoco saben que jueces, fiscales y secretarios judiciales amenazan de huelga, entre otras cosas, por esto; los mismos que  verán muy despejados sus juzgados ahora, en beneficio de unos pocos, a costa de la indefensión masiva de la ciudadanía. Ninguno sabe que cualquier persona cuya unidad familiar gane el doble del llamado IPREM , aprox. 1.100€/mes por unidad familiar, sean los que sean los gastos y las cargas familiares, tendrá que pagar miles, repito, MILES, de euros -en plena crisis-, o quedarse sin derecho.
Por si le interesa, la ley ya ha empezado a surtir efecto; el efecto de asesino silencioso,  como un conocido blog jurídico lo califica. Silencioso porque la pérdida de derechos irremediable de los más débiles no será recogida en las estadísticas; la pérdida del derecho de un señor a que le arreglen las humedades, de un consumidor a demandar a la constructora que le ha vendido un piso sin licencia o un banco unas preferentes, del perjudicado por una negligencia médica o un accidente de tráfico que se quedará sin la indemnización que marca la ley, porque no podrá pagar el gasto, en cuantías medias y altas de miles, repito, miles de euros, absolutamente inasumibles. Vea ejemplos.
Sí saldrán en estas estadísticas los casos de violencia doméstica, esperemos que no muchos asesinatos, que generará la convivencia indeseada del que no se pueda divorciar porque le piden que pague por ello, o de quien para discutir en un juzgado la atribución de una vivienda familiar ha de pagar literalmente miles de euros.

 

Habrá usted oído quizá la falacia de que se trata de propiciar acuerdos extrajudiciales, que por lo visto a los ciudadanos nos gusta litigar.  Permítame que le aclare. Son innumerables los asuntos en todas las jurisdicciones en los que conforme a la ley es imposible negiciar; por supuesto, y entre tantos que mejor ni siquiera enumero, todos aquellos en los que se tiene enfrente a la Administración, sea en vía contencioso-administrativa o laboral. Solo queda aguantarse con la resolución injusta, y que la arbitrariedad del Estado quede impune, y creciente. Hablamos de las vías que sirven para el control de la Administración. Hablamos de expropiaciones con indemnizaciones míseras o de negligencia médica que causa daños cerebrales irreversibles a un bebé en un hospital público, casos en los que demandar va a costas miles de euros; hablamos de denegaciones de subsidios de desempleo, de pensiones, de denegaciones de una invalidez, en las que un recurso costará 500€ más el o.6% de lo que se reclame.
Y en cualquier caso, no lo olvide, para que la solución extrajudicial vía mediación o negociación sea tal, y no trágala, incluso cuando es legalmente posible, la parte más fuerte -compañía de seguros, banco, el casero, la multinacional, la empresa de telefonía- ha de tener detrás la coacción del Estado para que cumpla sus obligaciones. Porque no se negocia con el más fuerte cuando no hay alternativa; el más fuerte se limita a imponer, o a incumplir. Eso, Sr. o Sra. periodista, Sr. Director o Sra. Directora, ha empezado a pasar ya. Por eso está el mundo jurídico en pie de guerra. Y ustedes no han dicho nada. 
Al Sr. Ministro se le ha advertido reiteradamente que se trata de un ley inconstitucional, injusta, discriminatoria, y a sabiendas de que será declarada inconstitucional, ha seguido adelante, con insólita prisa, en una tramitación sin precedentes, que se debe a otro motivo igual de insólito: a que se ha introducido una enmienda en la ley con una finalidad absolutamente ajena, y que no tenía por qué meterse aquí para que los funcionarios de la Administración de Justicia no cobren la paga extra. Cierran las nóminas; tenía que ir deprisa.

  • Da igual que en el largo camino hasta la declaración de inconstitucionalidad queden irremediablemente perdidos los derechos de muchos, los más débiles.
  • Da igual que según las estimaciones el 40% de los pleitos no se van a interponer,  pese a que el 80% de las demandas se estimen, por hablar solo de demandas.
  • Da igual que todas las asociaciones de consumidores digan que esto es el fin del Derecho del Consumo.
  • Da igual que el derecho a la tutela judicial efectiva esté en la Constitución por delante del derecho a la salud, porque es garantía de todos los demás y la vía de control contra el Estado.
  • Da igual que ante la ausencia de tribunales no hay alternativa; como si la hay, para los que tiene dinero, claro, cuando se niega la sanidad pública.
  • Da igual que el ciudadano indefenso e impotente  se vea en la alternativa de aguantarse sin un derecho que le reconoce la ley, pero que no puede siquiera intentar pedir, o hacer uso de la inaceptable vía de hecho, es decir, de los matones, desoyendo los consejos de los abogados, que ya estamos teniendo que decirlo ahora que “solo” se trata de justicia lenta; qué será cuando con carácter inmediato, que esto entre en vigor ya, no la haya ni siquiera lenta. Cuando el Estado hace dejación de su obligación mínima de impartir Justicia, que tiene en monopolio, se propician estas cosas.

Y, no, entre los eximidos de pagar las nuevas tasas no están los desahuciados; vaya, qué pena. Los bancos pagarán la tasa -que, a diferencia de con personas físicas se deducen fiscalmente como gasto, al igual que el IVA de los profesionales que les defienden, y las minutas íntegras- y se les repercutirá al desahuciado, engrosando aun más su deuda; en muchos casos no se repecute la tasa al que pierde pero precisamente aquí sí Y aparte de ello los desahuciados incluso para oponerse a la ejecución tendrán que pagarla; si pueden, que no podrán.
Estimada Sra. o Sra. periodista, estimado Sr. Director o Sr.a Directora, los medios tienen una importante función social que no puede ser objeto de dejación como acaba de serlo la Justicia por el legislador: la de ser el Cuarto Poder. No espere a que salga el primer caso de asesinato por un excónyuge exasperado por no poder divorciarse o no poder pedir que se le atribuya la vivienda familiar; no espere el primer caso de colecta por internet para pagar la tasa del perjudicado por un accidente de tráfico o una negligencia médica; no espere el primer caso de refugiado expulsado por no poder pagar la tasa pese a que lo defienda una asociación gratuitamente; no espere al primer caso de impago masivo por una aseguradora de sus obligaciones.

Está aprobado y es de inmediata entrada en vigor, pero una campaña masiva de denuncia en los medios puede hacer recapacitar aun, aunque sea in extremis.

ESTIMADA SRA. O SRA. PERIODISTA, ESTIMADO SR. DIRECTOR O DIRECTORA, HAGA HONOR A SU RESPONSABILIDAD. NO ESPERE A QUE ESTO SALGA EN LAS PÁGINAS DE SU MEDIO, YA DENTRO DE LA CRÓNICA DE SUCESOS.

O no lo haga, y siga dando cobertura como noticia de máximo interés a las operaciones de estética de una presentadora o a los motivos de queja de un futbolista multimillonario, o dando la misma importancia a esta ignonimia sin precedentes, un ataque frontal contra el Estado de Derecho,  que al último chanchullo de un concejal.

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